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Date: Tuesday, 16 Apr 2013 10:40
La campaña electoral de la derecha venezolana se desarrolló bajo la fórmula: Maduro no es Chávez. Pero lo que se decía hasta hace algunos meses era que Chávez era lo peor del mundo y que bien valdría darle un golpe de Estado como en el 2002 o meterle un tiro. Pero ahora Maduro no llega a Chávez. Y efectivamente no llega, de ahí el resultado mucho más apretado del 14 de abril respecto al del 7 de octubre. Pero igual perdieron, por menos, pero no pudieron contra alguien que está lejos de Chávez y eso que el comandante muerto era lo peor del mundo.
Es verdad que la nueva elección plantea grandes retos para Venezuela y el chavismo que ahora, sin su líder natural, tendrá que enfrentar el deterioro económico y la fuerte polarización del país y que eso va a llevar a decisiones dramáticas las siguientes semanas y meses. Ahí es donde debe emerger un liderazgo nuevo, probablemente mucho más colectivo. La hora difícil le llega al chavismo sin Chávez y esa será la medida de fuerza histórica. Pero la oposición no sabe si alegrarse por que se acercó demasiado a la mitad de los votos válidos o si ejecutar el Plan B, que implica deslegitimar las elecciones y negar el resultado.
Apenas proclamadas las cifras oficiales los seguidores de Capriles se movieron en las dos direcciones: tratando de minimizar la victoria chavista por lo estrecho de la diferencia y de tomar la voz por media Venezuela, y al mismo tiempo asegurar que había habido fraude echando sombras sobre el Consejo Electoral y el gobierno, sino sobre su propia cosecha de votos. Es más o menos lo mismo que se vio en la orientación de las campañas del 2012 y el 2013, la primera buscando evitar el choque con el presidente-candidato y asegurando que su oferta incluía mantener las reformas de los últimos quince años, y la segunda exacerbada en extremo como si se quisiese transmitir la idea de que la derecha y los sectores privilegiados venían por la revancha.
Si hay que explicar la continua derrota de la oposición venezolana tal vez la clave esté en la coexistencia de dos temperamentos o si se quiere dos tácticas políticas: la de presentar su propuesta como una mera moderación del chavismo, a tono con el izquierdismo light que se observa en otros países (Capriles se declara como un nuevo Lula), y la de apuntar al desorden y a la desestabilización. A veces estos dos tonos se perciben en la misma persona, ya que Capriles fue candidato en las dos elecciones con mensajes diferentes. Y, como dicen las noticias, el domingo por la noche ya andaba reuniéndose con sectores militares, cuando sus algunos de sus partidarios gritaban fraude. Así comienza un nuevo período de lucha.
16.04.13
www.rwiener.blogspot.com
Es verdad que la nueva elección plantea grandes retos para Venezuela y el chavismo que ahora, sin su líder natural, tendrá que enfrentar el deterioro económico y la fuerte polarización del país y que eso va a llevar a decisiones dramáticas las siguientes semanas y meses. Ahí es donde debe emerger un liderazgo nuevo, probablemente mucho más colectivo. La hora difícil le llega al chavismo sin Chávez y esa será la medida de fuerza histórica. Pero la oposición no sabe si alegrarse por que se acercó demasiado a la mitad de los votos válidos o si ejecutar el Plan B, que implica deslegitimar las elecciones y negar el resultado.
Apenas proclamadas las cifras oficiales los seguidores de Capriles se movieron en las dos direcciones: tratando de minimizar la victoria chavista por lo estrecho de la diferencia y de tomar la voz por media Venezuela, y al mismo tiempo asegurar que había habido fraude echando sombras sobre el Consejo Electoral y el gobierno, sino sobre su propia cosecha de votos. Es más o menos lo mismo que se vio en la orientación de las campañas del 2012 y el 2013, la primera buscando evitar el choque con el presidente-candidato y asegurando que su oferta incluía mantener las reformas de los últimos quince años, y la segunda exacerbada en extremo como si se quisiese transmitir la idea de que la derecha y los sectores privilegiados venían por la revancha.
Si hay que explicar la continua derrota de la oposición venezolana tal vez la clave esté en la coexistencia de dos temperamentos o si se quiere dos tácticas políticas: la de presentar su propuesta como una mera moderación del chavismo, a tono con el izquierdismo light que se observa en otros países (Capriles se declara como un nuevo Lula), y la de apuntar al desorden y a la desestabilización. A veces estos dos tonos se perciben en la misma persona, ya que Capriles fue candidato en las dos elecciones con mensajes diferentes. Y, como dicen las noticias, el domingo por la noche ya andaba reuniéndose con sectores militares, cuando sus algunos de sus partidarios gritaban fraude. Así comienza un nuevo período de lucha.
16.04.13
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Author: "Raúl Wiener (noreply@blogger.com)"
Date: Monday, 15 Apr 2013 13:30
Como se ha visto, Alan García no sólo indultó o conmutó penas a más de 5 mil sentenciados y a una gran cantidad de narcotraficantes, y no sólo contrató a un narco salido de la cárcel para que aprobara las solicitudes, sino que dictó dos decretos para facilitar las excarcelaciones lo que deja en el aire cualquier especulación sobre que no se sabía o que la responsabilidad es de Huamán, Chinguel u otro funcionario menor, cuando todo apunta a los más altos niveles del cogollo alanista. Dictar leyes o decretos para encubrir delitos es uno de los peores actos de corrupción que pueden producirse.
Pero miren la semejanza entre los narcoindultos y narcoconmutaciones y el cambio del código penal hacia el final del gobierno aprista en lo que toca a los artículos sobre colusión (art. 384), peculado y otros en agravio del patrimonio público, que aparentemente debía servir para establecer la diferencia entre los casos simples y agravados de este tipo de delitos en la lucha contra la corrupción. Sin embargo como lo sabían perfectamente en el gobierno que iba de salida, esta modificatoria iba a tener efecto en los procesos en desarrollo, no en cuanto a las penas máximas porque para ello no hay efecto retroactivo, pero sí en cuanto abría una opción de rebaja arguyendo la tipificación de “caso simple”.
Es lo que ha ocurrido con los diez que quedaban como acusados por la estafa que significó la privatización y posterior quiebra fraudulenta de la línea aérea de bandera Aeroperú. A estos tipos les esperaba necesariamente la cárcel por haberse concertado para que el Estado no recibiera el dinero pactado en la venta y para que se licuaran las obligaciones con los accionistas minoritarios: el propio Estado y los trabajadores, al decidirse dolosamente la liquidación. Después de muchos años, personajes como Roberto Abusada, expresidente de Aeroperú, Francisco Acosta, Alfonso Brazzini y otros, iban a recibir lo que podía ser la primera condena por los delitos económicos estudiados por la Comisión Diez Canseco entre 2000 y 2002.
Pero he aquí que el 21 de julio de 2011 (a siete días de dejar el gobierno) García dictó la ley 29758, por la cual ahora hay dos colusiones, la agravada y simple, lo que le ha servido al fiscal José Timarche, para señalar que sólo puede aplicar el primer tipo para Aeroperú, porque lo otro sería perjudicar al reo. Esto por supuesto le permite decir que el máximo posible de sanción es 6 años y nno quince como era antes. Ergo después de todos los años de lucha para lograr que alguien sea sancionado por los delitos de la era fujimorista, una alanada más permite a los procesados del caso Aeroperú acogerse a una prescripción y burlarse de la justicia. ¿Y ustedes creen que todo esto es gratis?
15.04.13
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Pero miren la semejanza entre los narcoindultos y narcoconmutaciones y el cambio del código penal hacia el final del gobierno aprista en lo que toca a los artículos sobre colusión (art. 384), peculado y otros en agravio del patrimonio público, que aparentemente debía servir para establecer la diferencia entre los casos simples y agravados de este tipo de delitos en la lucha contra la corrupción. Sin embargo como lo sabían perfectamente en el gobierno que iba de salida, esta modificatoria iba a tener efecto en los procesos en desarrollo, no en cuanto a las penas máximas porque para ello no hay efecto retroactivo, pero sí en cuanto abría una opción de rebaja arguyendo la tipificación de “caso simple”.
Es lo que ha ocurrido con los diez que quedaban como acusados por la estafa que significó la privatización y posterior quiebra fraudulenta de la línea aérea de bandera Aeroperú. A estos tipos les esperaba necesariamente la cárcel por haberse concertado para que el Estado no recibiera el dinero pactado en la venta y para que se licuaran las obligaciones con los accionistas minoritarios: el propio Estado y los trabajadores, al decidirse dolosamente la liquidación. Después de muchos años, personajes como Roberto Abusada, expresidente de Aeroperú, Francisco Acosta, Alfonso Brazzini y otros, iban a recibir lo que podía ser la primera condena por los delitos económicos estudiados por la Comisión Diez Canseco entre 2000 y 2002.
Pero he aquí que el 21 de julio de 2011 (a siete días de dejar el gobierno) García dictó la ley 29758, por la cual ahora hay dos colusiones, la agravada y simple, lo que le ha servido al fiscal José Timarche, para señalar que sólo puede aplicar el primer tipo para Aeroperú, porque lo otro sería perjudicar al reo. Esto por supuesto le permite decir que el máximo posible de sanción es 6 años y nno quince como era antes. Ergo después de todos los años de lucha para lograr que alguien sea sancionado por los delitos de la era fujimorista, una alanada más permite a los procesados del caso Aeroperú acogerse a una prescripción y burlarse de la justicia. ¿Y ustedes creen que todo esto es gratis?
15.04.13
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Author: "Raúl Wiener (noreply@blogger.com)"
Date: Sunday, 14 Apr 2013 09:15
Nosotros esperábamos que haya una reacción al ordenamiento de la pesca de anchoveta, pero lo que no esperábamos era que hubiera una gestión de intereses (de las pesqueras industriales) tan poco transparente.
Ministra de la Producción
Gladys Triveño
Así que si no pescamos a todo trapo la anchoveta que se mueve entre las 5 y 10 millas de la costa, con las grandes embarcaciones industriales, donde se encuentra alrededor del 25% de la biomasa de esta especie, los pescados harán el milagro de nadar contra la corriente y regresar a Chile para que los pesquen los harineros de ese país. Y que debido a que el Perú no ha reclamado su cuota de jurel dentro de la Convención del Mar (que no hemos suscrito) le estamos permitiendo otra vez a Chile subir su cuota internacional de este producto, cuando lo que ocurre es que nuestro país no está sujeto a la cuota y lo que le falta son barcos preparados para capturar jureles.
Se puede seguir, por ejemplo con eso de que no hay estudio de IMARPE, pero hay 14 informes de ese organismo para fundamentar el DS 005, que es la materia de escándalo para tantos espontáneos defensores del punto de vista de la Sociedad Nacional de Pesquería. Donde no hubo estudios –salvo el financiado por la propia SNP y tomado como biblia por el exministro Rafael Rey-, fue en la sustentación de la ley de cuotas que ha permitido que el 98% de la pesca industrial quede en manos de ocho grandes empresas, que por añadidura han empezado a ser vendidas al exterior.
También sobre el número de naves de mediano calado que operarán entre las 5 y 10 millas y los requisitos técnicos. Todo está plagado de mentiras que repiten gentes que no saben sobre el tema pero a las que evidentemente les han dado un libreto. La cosa se resume en devolver el viceministerio de Pesquería a la gente de la SNP, como se hizo por muchísimos años y en tumbar a una ministra que ha resultado demasiado respondona para los estándares de este gobierno y que por añadidura asegura estar respaldada por el presidente Humala.
Tal vez el Decreto 005 no sea una maravilla, pero de hecho ha puesto sobre el tapete el tema de la pesca para la alimentación, del control a la actividad pesquera y del poder de un pequeño grupo de empresarios que arrasan el mar y pagan poquísimos impuestos. La ministra ha dicho que no puede ser una autoridad para 8 empresas y que su responsabilidad es con el interés de casi 30 millones de peruanos que no nos beneficiamos con la riqueza del mar y pagamos caro por el pescado que se lleva a la mesa. L.icos.﷽﷽﷽﷽ se lleva a la mesa. Lástima que haya varias bancadas que hayan asumido con poca vergüenza ese papel de sacar la cara por el poder económico.
14.04.13
Author: "Raúl Wiener (noreply@blogger.com)"
Date: Sunday, 14 Apr 2013 09:13
Eran los días siguientes a la segunda vuelta del 2011 y Daniel Abugattás que ya estaba lanzado para la presidencia del Congreso, le confirmó a Javier Diez Canseco que él presidiría la Megacomisión para investigar los delitos económicos del segundo gobierno de Alan García y le pidió que fuera formando su equipo.
Javier me convocó para ofrecerme participar en ese esfuerzo que parecía fundamental para hacer el corte entre un gobierno y otro. Ya lo había hecho cuando encabezó la Comisión sobre el período de Fujimori y realizó el más serio trabajo de recopilación de información para acusar a un régimen profundamente corrupto con pruebas de sus atrocidades.
Empezamos una serie de conversaciones sobre lo que debería ser este nuevo proceso. Y lo primero que dijo Javier fue que lo que pudiésemos decir lo haríamos siempre y cuando tuviéramos los elementos suficientes para sustentar cualquier denuncia. Eran, sin embargo, recién los finales de junio cuando empezó a circular el rumor de que se negociaba la organización del nuevo Congreso, y apristas y fujimoristas exigían que Diez Canseco fuese alejado de toda actividad de investigación y fiscalización.
No había llegado todavía el momento en que Ollanta Humala dijera que Julio Velarde se quedaba en el BCR y que Miguel Castilla sería el nuevo ministro de Economía sobrepasando las expectativas empresariales, y que su hermano era un recluta despistado que terminó en Rusia, pero ya para esos días iniciales se estaba perdiendo el impulso moralizador con el que se había llevado la campaña y con el que el nacionalismo parecía identificado desde sus orígenes.
La gran cuestión era si entregando el puesto que correspondía a Javier Diez Canseco a alguien menos fuerte para enfrentar la respuesta de los corruptos se podía tranquilizar las aguas de un Congreso fragmentado en el que el gobierno desconfiaba profundamente.
¿Cuán importante era la lucha anticorrupción en el nuevo gobierno? La respuesta la tuvimos a comienzos de julio, cuando Javier nos dijo que ya lo habían notificado: no sólo no presidiría la Megacomisión sobre Alan García sino que no sería parte de ella. En algún lugar del centro de Lima estaban celebrando la victoria. El trabajo que habíamos iniciado en fijar la agenda de la investigación, las fuentes y el equipo a ser contratado quedaron en nada.
Pero mucho más importante que eso, el nuevo régimen se nos empezó a aparecer en su verdadero rostro. No había voluntad política de ruptura con el pasado y había politiquería de la peor para negociar posiciones con los más peligrosos adversarios. Todavía no sabíamos hasta donde iría el giro del gobierno que no había empezado, pero no fue casual que el desembarco de Javier fuera su primer acto.
El nacionalismo con Javier tenía un aire de haberse tomado en serio el discurso de la lucha contra la corrupción estructural del Estado peruano. Era una alianza entre los que llegaban limpios por no haber estado en el poder y el líder que había probado cuarenta años que no se doblegaba ante nadie. Humala tumbó ese acuerdo de la manera más desaprensiva, sin conversarlo con Diez Canseco ni con nadie, sólo porque le convenía.
Y después tuvieron el coraje de decir que fue Diez Canseco el que actuó como tránsfuga cuando se negó a apoyar la represión contra los movimientos sociales que chocaron con el gobierno cuando se sintieron traicionados por el nuevo pacto del gobierno con los grandes inversionistas mineros.
En realidad la línea política y la conducta ética de Diez Canseco fueron siempre un modelo de rectitud y trasparencia. Eso lo tenía que saber cualquiera en la política peruana. No en vano, en estos días de enfermedad, Javier ha recibido reconocimientos de los más diversos sectores del país, muchos de ellos marcando sus distancias ideológicas pero respetando al hombre que mejor ha encarnado el espíritu de la izquierda en nuestro país.
La investigación inolvidable
No vamos a tratar aquí de los aspectos meritorios de la Megacomisión, especialmente del esfuerzo de su presidente por no ser arrastrado por las presiones que se ejercen sobre él. Pero todavía falta bastante para poner sobre la mesa conclusiones redondas sobre las redes de corrupción que se armaron entre los años 2006 y 2011, y si hay un modelo a seguir este debería ser el que quedó plasmado en el Informe Final de la Comisión Investigadora de los Delitos Económicos y Financieros cometidos entre 1990-2001, que es la mejor síntesis de la lucha de Javier Diez Canseco por limpiar al Estado peruano de la corrupción que le toca hasta los huesos.
Cuatro grandes temas fueron abordados a lo largo de la investigación: (a) las privatizaciones; (b) los salvatajes bancarios; (c) las licitaciones y adquisiciones; (d) la actuación de las instituciones y órganos de control. Y nadie podrá discutir esta selección porque de un lado fue de las privatizaciones que el régimen de Fujimori hizo una considerable caja que luego se malbarateó con los salvatajes de bancos privados y las compras fraudulentas de armas y las licitaciones que favorecían a los amigos del poder. Y fueron los órganos de control como la Contraloría, SUNAT, INDECOPI y otros los que permitieron que la gran corrupción prosperara.
Doce casos de privatizaciones con elementos de corrupción fueron tratados por la Comisión Diez Canseco, entre ellos algunas de las más conocidas: Aeroperú, Hierroperú, Siderperú, Electrolima, Popular y Porvenir, Telefónica, Puerto de Matarani, Azucareras y Pesca Perú. Asimismo se investigó el salvataje y posterior liquidación del Banco Latino que costó más de 500 millones de dólares, el caso del Banco Wiese, la liquidación de la banca de fomento y el caso de la intervención del Banco Nuevo Mundo – NVK, sobre el que todavía hay un juicio de reclamación en el CIADI .
Para el asunto de las licitaciones y adquisiciones, la Comisión se refirió al caso de las compras a la República de China y la participación del ministro Joy Way, la compra de armas y la relación entre el gobierno fujimorista y las empresas constructoras que ganaron las principales licitaciones, entre ellas la del ministro de Economía Camet. Finalmente en la parte de estudio sobre el papel de los órganos de control, se hace un análisis del rol de la Contraloría bajo la gestión de Caso Lay como encubridora directa de los manejos económicos del poder:
“…durante el régimen de los noventa, la CGR fue una pantalla que permitió ocultar la corrupción en curso cometida por los integrantes de la cúpula gobernante. Asimismo, en forma paralela, la CGR fue un instrumento de lucha contra la oposición democrática. Su núcleo dirigente estuvo comandado por Víctor Caso Lay, que en virtud a su nombramiento por un período largo, tuvo estabilidad y fue un poder sin contrapeso interno. Incluso, durante los años del fujimorismo, el contralor mantuvo extrañas conexiones con el contador de la banda de Los Camellos, Edwin Antón, quien además de ser socio de Víctor Caso Lay en la empresa Ivad Services S.A, fue colocado en puestos claves de la Contraloría”.
Hasta hoy Caso Lay permanece en condición de prófugo de la justicia como varios otros de los denunciados por la Comisión Diez Canseco. Ocho denuncias concretas para los casos: Decretos de Urgencia para compra secreta de armamentos; caso Popular y Porvenir; caso Pucalá; caso Aeroperú; caso Banco Latino; caso Fondo Económico Especial; caso Medicinas Chinas; caso Contribuciones Reembolsables; fueron elevadas ante el Ministerio Público y si bien en algunos casos se abrió proceso, en la mayoría, los fiscales prefirieron ignorar el trabajo del Congreso.
Hace poco y gracias a una más de las maniobras de Alan García, se ajustó las penas para delitos de corrupción favoreciendo su prescripción (justo cuando se discutía públicamente que estos delitos no deben prescribir) y eso salvó de la condena a los que armaron la estafa de Aeroperú. Actualmente hasta donde sé sigue abierto el caso del Banco Latino en el que están implicados entre otros, la pareja “mil oficios” Du Bois-Aljovín.
Los odios de la corrupción
A Javier lo odian porque le temen, los corruptos de distintos colores. Es natural. Saben que es implacable e incorruptible. Saben que no negocia con principios y no deja de perseguir el delito. En sus sueños, por eso, muchos de sus acusados han imaginado siempre poder encontrarle un punto donde atacarlo y convertirlo en parte de una clase política gangrenada por la facilidad con la que se deja corromper.
El exdirector de un diario lo expresó con toda franqueza: hay que demostrar que JDC no tiene superioridad moral sobre sus contrincantes, con lo cual quería decir que los políticos que han dirigido el país no deberían sentirse tan mal de haber sido señalados como aprovechados de la cosa pública si hasta el mayor moralizador podía ser hallado en falta. De allí la canallada de la acusación que se armó sobre el tema de las acciones de inversión, según la cual cuando Javier decía estar sacando la cara por una multitud de pequeños accionistas que carecen de derechos cuando se producen procesos de fusión y compra de empresas en las que tienen participación en lo que estaba pensando era en porcentajes de ganancia de familiares con este tipo de acciones disminuidas.
Esta acusación será estudiada en el futuro como uno de los mecanismos más forzados, perversos y estúpidos que se podía idear para sancionar a un congresista sin manchas. Y por ello mismo hay ahora tantos que cierran filas en el Congreso para negarle a la Justicia revisar el caso y los procedimientos seguidos que para el resto del mundo son un puro abuso y una venganza por sus investigaciones anteriores. Ahora que un juez le ha dado la razón a Diez Canseco y que previsiblemente la Justicia anule definitivamente la canallada se ha resaltado mucho más el valor de este hombre que desde la enfermedad gana batallas políticas y se muestra imposible de doblegar.
Javier sigue siendo el símbolo de la lucha anticorrupción, aunque eso irrite a los corruptos y sus encubridores.
14.04.13
Author: "Raúl Wiener (noreply@blogger.com)"
Date: Saturday, 13 Apr 2013 08:56
Aurelio Pastor firmaba nueve resoluciones de indulto o conmutación de penas cada día en los diez meses que fue ministro de Justicia de Alan García, entre ellas la más conocida la del empresario de televisión José Enrique Crousillat, y la de alrededor de 400 condenados por narcotráfico en su modalidad agravada.
En total 1,692 personas dejaron las prisiones en este corto período, pero si se toma en cuenta que antes de llevar cada caso al presidente se debía revisar y seleccionar las solicitudes que merecían trámite, se tendrá que el ministerio Pastor y la comisión Chinguel estaban en esto a tiempo completo.
Parece que esta historia empezó sin embargo en la gestión previa de la ministra Rosario Fernández cuando se armaron las primeras normas para facilitar las excarcelaciones masivas.
A Pastor le siguió García Toma que aparentemente se distanció de esta feria indultadora, pero luego volvió Fernández y la cosa tomó forma de liquidación por cierre. En marzo del 2011, luego que Chang dejara el premierato, la Fernández fue nombrada en su reemplazo con retención de la cartera de Justicia y continuó la salida de narcos y otros delincuentes.
A Rosario Fernández se le deben 3,259 indultos y conmutaciones, y dentro de esos 235 casos de narcotráfico agravado. ¿Alguien puede dudar aquí que hubo una política premeditada de violentar las decisiones judiciales y de favorecer a muchos reos sin otra característica que el dinero que genera el narcotráfico y otros crímenes contra la sociedad y el Estado?
Pero los mejores detalles de todo esto se encuentran en primer lugar en el hecho que cuando revienta el escándalo del indulto humanitario a Crousillat que obligó a retroceder en la gracia, lo que sobrevino no fue un cambio de política sino una pausa para volver luego con más fuerza al asunto. Una resolución del 2010 cambió el concepto de conmutación de variación de pena a reducción de la misma. Para poder mejor negociar el valor de cada año conmutado.
En segundo lugar, que todo esto ocurrió entre el 2009 y el 2011, cruzado con los escándalos de los Petroaudios, BTR, COFOPRI y los decretos de urgencia. Es decir que después de condenar a las ratas de su gobierno en octubre del 2008, García no iba camino de enmendarse sino de acelerar la descomposición moral de su gobierno.
Claro ya sabemos que los beneficiados por las gracias de García no van a contar cuánto pagaron para quedar libres, como si lo ha hecho el que le faltó plata para cubrir las exigencias. Y los fiscales y jueces alanistas dirán que no hay pruebas, mientras Mulder se recupera de su actual desconcierto. Después de todo ahí está la prensa del expresidente remarcando que el problema es Nadine y no el APRA de García que muestra toda su podredumbre.
13.04.13
Author: "Raúl Wiener (noreply@blogger.com)"
Date: Friday, 12 Apr 2013 08:50
El aire de familia entre el fujimorismo y el alanismo se ha acentuado en los últimos días. La reciente visita de dirigentes de Alfonso Ugarte al local del Ministerio Público en medio de abucheos de la población que les gritaba corruptos, evocaba fácilmente los años 2000-2001, después de los vladivideos. Pero también traía a colación la escena en la que los hermanos hacen entrega del pedido de indulto para Fujimori, con todo el partido detrás del objetivo de sacar al líder de la cárcel.
Del Castillo, Mulder y Velásquez todavía no están en ese trance, pero la organización de la estrella que se estrelló en la revocatoria, ahora está corriendo una carrera dramática para sacar a su jefe y a varios de sus más cercanos colaboradores del hoyo en que se han metido al destaparse la sistemática política de excarcelaciones a favor del narcotráfico, probablemente bien pagadas, que se aplicó en el mismo período en que el gobierno aprista hacía la fiesta de los decretos de urgencia para gastar sin controles, sobre la cual también están encendidos los reflectores de la investigación congresal.
El punto es que en asuntos como los colegios emblemáticos, el Estadio Nacional, el Hospital del Niño o el tren eléctrico, Alan García podía decir pero ahí está la obra y acogerse al espíritu de la doctrina nacional “roba pero hace obra”. Eso, en cambio, no pasa con los masivos indultos y conmutaciones de penas a los narcos y ladrones de alto vuelo. Ahí los argumentos de compasión que usó García cuando quería burlarse de sus críticos y de descongestión de los penales a que recurrió cuando ya estaba más acorralado, son perfectamente huecos porque fue exactamente el mismo presidente que alardeó que a solución a la inseguridad era la pena de muerte e impulsó marchas sobre el tema y el que retiró beneficios penitenciarios para mucha gente y aumentó penas, como si eso resolviera algún problema.
En realidad mientras se decía una cosa se hacía otra. Dice ahora la gente asqueada por lo que pasó esos años, que Pastor y Facundo Chinguel trabajaban a todo motor ordenando los pedidos de indulto que sus promotores recogían de las cárceles (entre los cuales hubo hasta un abogado aprista exreo por narcotráfico) , y armaban las listas que llegaban al secretario de Palacio, Luis Nava con el que se hacía la selección final para entregar al presidente. Ahora además queda claro que la marcha atrás en el caso Crousillat se debió a que el hombre se salió del libreto y fue ampayado por la prensa poniendo en riesgo todo un sistema que ya estaba en marcha.
Sería muy interesante saber cuánto pagaban los de mayor copete entre los beneficiados, si a un narco de medio pelo le cobraban 10 mil dólares por año conmutado.
12.04.13
Author: "Raúl Wiener (noreply@blogger.com)"
Date: Thursday, 11 Apr 2013 00:08
Claro que sí.
No hay en el otoronguismo garantes éticos que puedan tener la superioridad para juzgar a sus colegas.
Por supuesto es fácil castigar congresistas del montón como el “comeoro”, la “robacable”, y ocultar pecados graves como los del “robaagua” Melgar Valdés y otros individuos influyentes.
La Comisión Lay, por cierto, llevará para la historia la vergonzosa suspensión impuesta a Javier Diez Canseco, que un juez acaba de anular por haberse cometido todas las faltas de procedimiento lo que va de la mano de la arbitrariedad de la acusación.
Uno de los pocos parlamentarios con trayectoria limpia, al que quisieron ensuciar como si se tratara de un corrupto que propone leyes para favorecer a alguien de su familia, cuando se trataba del interés de muchísimas personas –incluidos los aportantes de las AFP-, que están encadenados a la titularidad de acciones de inversión que no tienen capacidad de decisión en los procesos de fusión y traspaso de empresas.
Esta sanción producto de la venganza política desarrollarse de manera irregular, pisoteando los principios legales. Y eso ha sido confirmado judicialmente.
Pero entonces salta la Comisión de Ética, especialmente esos tres que simbolizan el nuevo pacto apro-fujimorista-castañedista, y que fueron los que llevaron el caso ante el Pleno, a decir que al Congreso (o sea a ellos), nadie les puede enmendar la plana.
¿Y no se la enmendaron en el caso del desafuero de Martha Chávez que fue repuesta con todos sus haberes devengados, y que no tiene vergüenza de decir ahora que aquí podría haber corrido plata?
¿Y no se la enmendaron también en el caso Luna Gálvez, que después de circular alrededor de Montesinos volvió al Congreso como asociado de Castañeda?
La pregunta es si una circunstancial mayoría en una comisión y un pleno en el que Gana Perú decidió inclinar la balanza, pueden hacer lo que quieran con un congresista de minoría y no ser objeto de control de otros órganos del Estado.
Por eso la Comisión de Ética está doble o triplemente descalificada: porque ante la evidencia de que obraron mal, como lo sabía todo el mundo, se ha refugiado en su condición de intocable, como si sus errores fueran materia definitiva.
Así que Lay y compañía deberían renunciar y decir caballero nomás, la hicimos mal y nos vamos a casa. Pero el tema es más grave: ¿con quién se les reemplaza? Y miramos el Congreso y no hay composición multipartidaria que pueda recibir una misión de vigilar la ética.
Que deben haber sanciones por actos que congresistas cometen en su función o en su vida privada, no cabe duda. Pero si a los jueces les hicieron un Consejo de la Magistratura ¿Por qué no puede existir un nivel del Estado que vigile a la representación elegida? Digo nomás.
11.04.13
Author: "Raúl Wiener (noreply@blogger.com)"
Date: Wednesday, 10 Apr 2013 12:59
Claude Maurice, en uno de sus mejores ladridos ha calificado de “payaso”, al juez que ordena a la Comisión de Ética reiniciar el proceso sobre el caso Diez Canseco por haber vulnerado el derecho de defensa del izquierdista y en franca rebelión ha añadido que no recibe mandato imperativo de nadie.
El fujimorista Díaz Dios ha propuesto a su vez citar al presidente de la Suprema para que responda por el fallo de un juez constitucional de primera instancia y el solidario Urtecho ha añadido que este caso sería equivalente a que el Congreso invada funciones de la OCMA.
Los tres habladores son precisamente los de los votos que condujeron el punto al pleno donde se hicieron los realineamientos políticos para la sanción vergonzosa. Los tres, por supuesto, representan a la nueva coalición de derecha fachistona que se manifestó durante la revocatoria. Mientras que el pastor Lay, como siempre, evitó su voto en comisión y dejó al fujimorista fundamentar su venganza refundiendo su cristianismo con la oscura mayoría sancionadora.
Ahora Lay nuevamente habla de esperar, pero ya está arrastrado por la ira apro-fuji-castañedista. Porque lo que el juez dice es que siempre tiene que existir el amparo constitucional para quién puede estar sufriendo un abuso de su derecho. Y en la denuncia contra Diez Canseco hubo un informe técnico que descartaba la acción dolosa, no hubo mayoría de la comisión sino un conjunto de cobardías (inasistencias y abstenciones) y hubo una clara intencionalidad política.
Alguna vez, Claude Maurice Mulder dijo que esta era la oportunidad para castigar a quién siempre fiscalizó a los otros, y Díaz Dios no se olvidó que Javier Diez Canseco fue quién presidió la comisión que investigó los delitos económicos de los 90. El proceso para la sanción por un proyecto que no estaba presentado ni fundamentado, y que nunca tuvo efectos, sobre el valor de las acciones de inversión, pero que tiene que ver con el interés de muchísimas personas, fue increíblemente kafkiano.
Como todo dependía de una denuncia periodística, se fueron agregando cargos de acuerdo a como salían nuevos titulares, al punto que al momento de votar se tenía una acusación remachada que no había sido la que salió de la Comisión ni la que expuso Díaz Dios, con el resultado que nadie sabía exactamente por lo que estaba votando, salvo sus propias molestias hacia el denunciado. Diez Canseco fue atacado por un Congreso mediocre que le temía a su imagen de luchador anticorrupción. Se quiso consagrar con un voto el principio de que todos aquí son corruptos.
Después de ello hemos tenido a Claude Maurice defendiendo a Alan y sus indultos, a Díaz Dios y Fujimori y a Urtecho con Comunicore. Y todos tranquilos. Incluido Ollanta que no dice nada de Diez Canseco, enfermo y sancionado por parte de su bancada.
10.04.13
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El fujimorista Díaz Dios ha propuesto a su vez citar al presidente de la Suprema para que responda por el fallo de un juez constitucional de primera instancia y el solidario Urtecho ha añadido que este caso sería equivalente a que el Congreso invada funciones de la OCMA.
Los tres habladores son precisamente los de los votos que condujeron el punto al pleno donde se hicieron los realineamientos políticos para la sanción vergonzosa. Los tres, por supuesto, representan a la nueva coalición de derecha fachistona que se manifestó durante la revocatoria. Mientras que el pastor Lay, como siempre, evitó su voto en comisión y dejó al fujimorista fundamentar su venganza refundiendo su cristianismo con la oscura mayoría sancionadora.
Ahora Lay nuevamente habla de esperar, pero ya está arrastrado por la ira apro-fuji-castañedista. Porque lo que el juez dice es que siempre tiene que existir el amparo constitucional para quién puede estar sufriendo un abuso de su derecho. Y en la denuncia contra Diez Canseco hubo un informe técnico que descartaba la acción dolosa, no hubo mayoría de la comisión sino un conjunto de cobardías (inasistencias y abstenciones) y hubo una clara intencionalidad política.
Alguna vez, Claude Maurice Mulder dijo que esta era la oportunidad para castigar a quién siempre fiscalizó a los otros, y Díaz Dios no se olvidó que Javier Diez Canseco fue quién presidió la comisión que investigó los delitos económicos de los 90. El proceso para la sanción por un proyecto que no estaba presentado ni fundamentado, y que nunca tuvo efectos, sobre el valor de las acciones de inversión, pero que tiene que ver con el interés de muchísimas personas, fue increíblemente kafkiano.
Como todo dependía de una denuncia periodística, se fueron agregando cargos de acuerdo a como salían nuevos titulares, al punto que al momento de votar se tenía una acusación remachada que no había sido la que salió de la Comisión ni la que expuso Díaz Dios, con el resultado que nadie sabía exactamente por lo que estaba votando, salvo sus propias molestias hacia el denunciado. Diez Canseco fue atacado por un Congreso mediocre que le temía a su imagen de luchador anticorrupción. Se quiso consagrar con un voto el principio de que todos aquí son corruptos.
Después de ello hemos tenido a Claude Maurice defendiendo a Alan y sus indultos, a Díaz Dios y Fujimori y a Urtecho con Comunicore. Y todos tranquilos. Incluido Ollanta que no dice nada de Diez Canseco, enfermo y sancionado por parte de su bancada.
10.04.13
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Author: "Raúl Wiener (noreply@blogger.com)"
Date: Tuesday, 09 Apr 2013 13:40
Ayer escribía sobre la manera como la derecha peruana pasó de la imaginaria transición democrática del estatismo al neoliberalismo que debió llegar con Vargas Llosa, a la forma dura en que este fenómeno ocurrió en la realidad a través del golpe de Estado de abril de 1992. Decía que la derecha económica, y aún más la política e intelectual prefieren no hablar de esta historia, por un prurito de vergüenza, y como van las cosas terminarán por decir como lo hace Vásquez Kunze el último domingo que el problema del golpe de Fujimori es la prensa que se sigue acordando de ello.
Al final es lo mismo que dicen los que se molestan porque en la revocatoria aparecieran los temas de corrupción y que en la segunda vuelta del 2011 tanta gente se sintiera movilizada a impedir el regreso de los desfalcadores de color naranja. Sí, pues. Hay un pasivo profundo en la cuenta de los que armaron el sistema que funciona desde los 90 y al que se han adaptado las siguientes presidencias sin excepción.
Basada en la relación de fuerzas que estableció el golpe de Estado, las derechas le han podido poner la música a los gobiernos que anunciaban cambios en campaña y se convirtieron en continuistas, pero no han podido borrar la conciencia de que el llamado Perú del crecimiento también es el de la crisis moral y la impunidad, donde Alan García puede hablar de la compasión que sintió por los narcos que indultó y que probablemente pagaron buen billete por su libertad, o que los fujimoristas digan que nada tienen que ver con Montesinos.
Es la ética de la política la que está dañada desde la aventura del 5 de abril. Y eso arrastra instituciones, partidos, empresas y hasta organizaciones sociales. La pregunta es ¿cómo se supera un estado de cosas en el que sólo se puede ganar engañando y sometiendo al otro?, como dicho sea de paso quiere repetirse en el caso del indulto. ¿Quién puede creer a Fujimori que conspiró casi dos años para preparar su golpe de mano, y del que devienen sus mayores “éxitos”, que no esté conspirando de nuevo para sorprendernos?
El tema es que en 1992 la cancha dejó de estar nivelada como la había dejado la Constituyente de 1979, que permitía el juego de fuerzas políticas relativamente equiparadas e instituciones estatales más o menos fuertes y diferenciadas. Eso no existe hoy por más que vayamos a elecciones y que los resultados de las votaciones sigan siendo muchas veces inesperados. La década fujimorista y su epicentro en el 5 de abril, han limado los impulsos de cambio por más que los autores sigan usando la palabrita o hablen de “gran transformación” para que todo siga como antes.
09.04.13
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Al final es lo mismo que dicen los que se molestan porque en la revocatoria aparecieran los temas de corrupción y que en la segunda vuelta del 2011 tanta gente se sintiera movilizada a impedir el regreso de los desfalcadores de color naranja. Sí, pues. Hay un pasivo profundo en la cuenta de los que armaron el sistema que funciona desde los 90 y al que se han adaptado las siguientes presidencias sin excepción.
Basada en la relación de fuerzas que estableció el golpe de Estado, las derechas le han podido poner la música a los gobiernos que anunciaban cambios en campaña y se convirtieron en continuistas, pero no han podido borrar la conciencia de que el llamado Perú del crecimiento también es el de la crisis moral y la impunidad, donde Alan García puede hablar de la compasión que sintió por los narcos que indultó y que probablemente pagaron buen billete por su libertad, o que los fujimoristas digan que nada tienen que ver con Montesinos.
Es la ética de la política la que está dañada desde la aventura del 5 de abril. Y eso arrastra instituciones, partidos, empresas y hasta organizaciones sociales. La pregunta es ¿cómo se supera un estado de cosas en el que sólo se puede ganar engañando y sometiendo al otro?, como dicho sea de paso quiere repetirse en el caso del indulto. ¿Quién puede creer a Fujimori que conspiró casi dos años para preparar su golpe de mano, y del que devienen sus mayores “éxitos”, que no esté conspirando de nuevo para sorprendernos?
El tema es que en 1992 la cancha dejó de estar nivelada como la había dejado la Constituyente de 1979, que permitía el juego de fuerzas políticas relativamente equiparadas e instituciones estatales más o menos fuertes y diferenciadas. Eso no existe hoy por más que vayamos a elecciones y que los resultados de las votaciones sigan siendo muchas veces inesperados. La década fujimorista y su epicentro en el 5 de abril, han limado los impulsos de cambio por más que los autores sigan usando la palabrita o hablen de “gran transformación” para que todo siga como antes.
09.04.13
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Author: "Raúl Wiener (noreply@blogger.com)"
Date: Monday, 08 Apr 2013 08:32
La derecha peruana imaginó renacer, tras Velasco, el segundo belaúndismo y el primer García, conducida de la mano de nuestro más ilustre escritor, con un programa armado con muchos millones y con la fuerza armada subordinada a su proyecto y con una justicia que nadie pudiera discutirla, pero como le ha pasado tantas veces en la historia el resultado le salió chueco: el escritor perdió, un personaje insólito sin historia política se hizo del poder y se alió con los militares, se apoderó del programa al que le añadió un mayor sello militarista y corrompió a la instituciones.
Esto ocurrió en 1990, pero dos años después la derecha peruana fue puesta realmente a prueba cuando eso con qué había soñado, que era el mayor poder para el dinero, no llegó de una elección democrática sino de un golpe de Estado. Era una refundación bastarda de la república aristocrática, pero refundación al fin. Era un cambio brusco de liderazgo pero también de estilo, de actores de la primera línea, pero siempre en defensa de la gente de gran billete. Y la derecha capituló. Aceptó la vía del 5 de abril como una opción válida y los pocos políticos e intelectuales que resistieron el sablazo se fueron adaptando poco a poco a la nueva realidad, de ahí que cuando Vargas Llosa todavía habla de la dictadura y la corrupción, le salen a decir que lo hace porque sigue resentido.
Ahora mismo la discusión sobre el indulto se viste de disfraz médico y humanitario, pero tiene como trasfondo echar abajo la sentencia que condenó a Fujimori por crímenes contra los derechos humanos y por varios actos de corrupción. En distintos tribunales del país están prescribiendo en estos mismos momentos diversos procesos contra los hombres del régimen de los 90 como en el caso de Aeroperú. En realidad estamos terminando de recorrer el camino para consagrar al 5 de abril como una fecha epónima. Claro hay resistencias a decirlo y por eso lo que se festeja es la Constitución del 93, que no es sino la otra cara del mismo abuso de poder, en el que unos se han impuesto a los otros. Y no quieren que cambie esta situación.
08.04.13
Author: "Raúl Wiener (noreply@blogger.com)"
Date: Sunday, 07 Apr 2013 12:23
Alan García ha planteado que las razones por las que la megacomisión de Sergio Tejada lo está investigando se deben a que lo quieren poner fuera del proceso electoral del 2016 para dar paso a la “reelección conyugal”. La fórmula es vieja y le ha permitido desde hace muchos tiempo evitar explicaciones embarazosas o dar respuestas tan convincentes como que recibía el consejo de Dios para dictar los indultos a los narcos y pagaba las casas con el dinero de conferencias internacionales.
Ciertamente se podría formular la idea al revés: García usa su eventual candidatura y el supuesto miedo de Nadine a verse con él ante las urnas, para evadir responder sobre cuestiones muy concretas que están saltando a la vista a pesar de las visibles limitaciones de la investigación en marcha, sistemáticamente boicoteada por los fujimoristas y el pepekausa Enrique Wong. Como siempre, el expresidente quiere que asumamos que la política es cómo la describe, dónde hacer obras es pasarse por encima los sistemas de control, convocar a sus amigos constructores y variar tanto las cifras que al final no pueda descubrirse cómo se pagó a cada quién.
O, por qué en más cinco mil indultos se escogió a algunos peces gordos, bajo el pretexto de reducir los excesos de población carcelaria. O cuál era su relación real con los chuponeos de BTR y cómo se manipuló la información que estuvo en manos de la policía y los fiscales para encubrir a los responsables. Eso nada tiene que ver con que García quiera volver a ser presidente, sino con la más elemental sanidad pública. Que ya es tiempo que Humala diga al Perú lo que hará con el indulto a Fujimori y si insiste en postular a su esposa, es una cosa, y otra muy diferentes los cargos que tocan a García Pérez y que dieron vida la megacomisión.
Claro que al principio había otra vez frases sobre no hay problema de que me investiguen, quién no la debe no la teme, responderemos a lo que se nos diga, y otras. Pero ahora no. Lo que se ha visto es desesperación por acabar con el trabajo investigativo y un eco inmediato de los alfiles parlamentarios del expresidente y de los amigos de la prensa que ya empezaron a decir que no hay ninguna prueba para seguir molestando al pre-lanzado candidato. En el Perú la impunidad es la regla más preciada de la política.
Los que están en el bolo son intocables como García o Castañeda, y de Fujimori lo que hoy se dice es que tuvo cosas buenas y malas y, para algunos, que prevalecen las primeras, lo que quiere decir que se justifica el indulto así no esté enfermo. Quieren acostumbrarnos a una condición en la que la vigencia política sea suficiente carta para hacer lo que le da la gana..
07.04.13
Author: "Raúl Wiener (noreply@blogger.com)"
Date: Saturday, 06 Apr 2013 14:30
No me referiré a los hechos conocidos por los cuales Fujimori, Montesinos y Hermoza se apoderaron del Estado e hicieron lo que quisieron con el país en los siguientes años. Tampoco voy a hablar de lo bueno que es vivir en democracia, eligiendo cada cierto tiempo a los gobernantes, frente al golpe de Estado que es la anulación de la voluntad popular y su reemplazo por la del dictador.
Voy a otro punto: muchos hacen ascos a la prepotencia con la que se cerró el Congreso y se sometió a la clase política, así como a la entronización de poderes clandestinos que manejaban las instituciones y los medios de prensa, y a la extrema corrupción, pero a pesar de todo ellos siguen dudando de si ese no fue un modo bastardo pero efectivo de empezar a ser un país diferente.
A cada paso se puede oír personas que dicen que de todos modos Fujimori acabó con la hiperinflación, nos metió en la corriente de inversiones globales y nos salvó del terrorismo. No estoy hablando de ese fujimorismo impenitente de los pobres que todavía creen en eso del autoritarismo populista y que perdonan la maldad y el robo siempre y cuando los recuerden en las políticas sociales.
Hay personas que piensan que de los 90 y de su punto culminante el 5 de abril hay que abstraer a Montesinos y sus videos, y bajar el tono al admitir muchos abusos. Pero hay que quedarse con la Constitución, la privatización, la tecnocracia, la dureza represiva y la impunidad ante los delitos contra los derechos humanos. Son los cinco grandes temas a los que se aferra el fujimorismo sin Fujimori que ha persistido en el país 12 años después de la fuga del japonés y cuatro tras su severa condena.
La Carta de 1993, no sólo salió de un golpe sino de una mayoría social que ya no existe. Que los partidos que votaron No en el tramposo plebiscito para aprobarla, luego capitularan por conveniencia, no altera la naturaleza espuria del documento que simboliza la naturaleza de nuestras actuales instituciones. La privatización, a su vez, encarna el saqueo del patrimonio nacional, cosa que algunos liberales convenidos quieren ignorar por anteojeras ideológicas. La tecnocracia por otra parte es el núcleo duro de la economía de los 90 que ha llegado hasta el 2013 y ha copado todos los gobiernos por más de 20 años.
El principio de que los problemas del orden público y social se resuelven convirtiendo a la policía y las Fuerzas Armadas en guachimanes del gran capital y represores de las demandas sociales y ambientales, así como la incapacidad para reducir el odio, la polarización y el encubrimiento de los crímenes con mano del Estado son también un legado del 5 de abril, del que alguna vez podremos liberarnos.
06.04.13
Author: "Raúl Wiener (noreply@blogger.com)"
Date: Friday, 05 Apr 2013 14:17
El juez Malzon que alguna vez interfirió en la investigación del caso de la masacre de El Frontón aceptando un habeas corpus por prescripción a sabiendas que ante graves delitos contra los derechos humanos las causas no prescriben, debería haber recordado en su sonada sentencia sobre La Parada en la que menciona el tema de las donaciones con destino específico del donante, el caso del aeródromo de Collique arrasado por García bajo el argumento desafiante de que mejor eran 100 mil viviendas en Comas que una pista para una sola avioneta. ¿No es cierto Pepe?, añadió comprometiendo públicamente al ejecutor de la obra José Graña Miró Quesada en un CADE.
Había mil razones más para respetar el terreno aeronáutico que un mercado deteriorado, insalubre y penetrado por las mafias, teniendo además una reubicación inmediata asegurada, pero si Malzon pudiera salirse con su gusto quedaría una doble vara en la que, ante la justicia, prevalecen los grandes negocios y no la defensa de los intereses de la ciudadanía y que por supuesto ante ciertas instancias una cosa es la autoridad de Alan García y otros, y otra la de Susana Villarán que según Malzon Urbina pudo destituir pero no quiso contradecir el voto de la gente.
La presentación ante la megacomisión del expresidente muestra la alta confianza que tiene de que cuando los documentos de la investigación lleguen al Ministerio Público irán al archivo, o lo excluirán del caso, como se ha hecho con Castañeda-Comunicore, y como va a ocurrir con el asunto de las casas pagadas con conferencias en el exterior a invitación de las empresas favorecidas por el gobierno aprista. García sabe que hay una red de impunidad a su servicio en distintos niveles del Estado.
El mismo hecho de la conferencia de prensa, apenas participado en sesión secreta de la megacomisión, prueba como son las cosas. A Tejada lo presionan Mulder y Velásquez para taparle la boca y no anunciar los avances de su trabajo y los fujimoristas hacen como que investigan hasta el momento de traicionar (como hiciera Raffo con los petroaudios), pero el ego colosal sale de la reunión cerrada a la prensa a dar su versión que se basa en que si alguien lo ataca es porque lo quiere retirar de la carrera electoral.
O sea este señor tiene que responder por miles de indultos en un corto lapso (¿cuándo se enteraron que podía ser un buen negocio?) y dentro de ellos 400 por narcotráfico agravado, petroaudios, BTR, Collique, decretos de urgencia, Estadio Nacional y colegios emblemáticos y muchos otros, e imagina que la mejor manera de sacarse todo eso de encima y quedar impune es proclamándose candidato. Y todo esto con Malzon encima llevándose la primera plana justamente con un fallo que dice que las ratas deben regresar.
05.04.13
Author: "Raúl Wiener (noreply@blogger.com)"
Date: Thursday, 04 Apr 2013 10:45
El juez impresentable, Malzón Urbina, no sólo atropella el derecho, la autoridad municipal, los sentimientos de la población por erradicar el foco infeccioso de La Parada, la lógica y el lenguaje. Va más allá de eso y convierte a una sola persona, a doña Ida Obdulia Ávila Sedano, según dice dirigente de la Asociación de Concesionarios del Mercado Mayorista Nº 1 La Parada, de la que no especifica qué cargo ostenta y el poder otorgado por otros para litigar como representante de otros comerciantes.
El juez desconoce que la gran mayoría de comerciantes mayoristas está trabajando en Santa Anita desde hace meses y no han acompañado el reclamo de Ávila Sedano. Asimismo que la mayoría que permanece en las posiciones originales son minoristas. De otra parte el juez parece no haber leído lo que la señor Ávila sostenía hasta la fecha del traslado era que no estaba en contra de Santa Anita pero que tenía objeciones, que le permitían ganar tiempo. Algo parecido a los empresarios del transporte capitalino que aseguran no oponerse a la reforma, pero le meten cabe como pueden.
El juez Malzón ha hecho una teoría de la donación-posesión que sorprende por su audacia. Si la voluntad del donante era construir un mercado moderno y eficiente, y el receptor de la gracia no puede hacerlo en La Parada por el lugar donde está ubicado y los vicios que ha acumulado, su obligación es buscar un nuevo local y mantener el propósito. Lo confirma el apoyo de la familia descendiente del donador que está de acuerdo con el traslado. Pero Malzón va más allá, convierte a los concesionarios en “posesionarios”, como si estuvieran ahí por abandono del municipio y ellos encarnaran la voluntad del donante. Y luego les aplica las reglas de la posesión, es decir los trata como ocupantes de hecho, beneficiados por el tiempo y que pueden resistir por la fuerza a quienes pretendan desposesionarlos (considerando 24). La idea es audaz y lleva implícita la justificación por la contratación de delincuentes para evitar la acción de la Policía y los enfrentamientos que ocurrieron en Octubre.
Malzón además se manda por el tema de los “contratos” que supuestamente viola la Municipalidad al trasladar a los comerciantes. Pero aquí hay una flagrante contradicción: no se puede ser “posesionario” (de hecho) y a la vez exhibir contratos. Y si hay algún compromiso entre mayoristas y el Concejo de Lima, es para que los comerciantes prosigan su labor en forma pacífica, lo que se cumple al desplazarlos a Santa Anita donde se está haciendo la misma actividad que en La Parada. Pero Malzón asume que es un “desalojo”, ¿cómo lo sería si la mayor parte de comerciantes está contenta y sigue trabajando en Santa Anita y doña Ida sigue en su paradita tan tranquila sin que nadie la bote?
O4.04.13
Author: "Raúl Wiener (noreply@blogger.com)"
Date: Wednesday, 03 Apr 2013 12:31
Como un coletazo de la revocatoria, algo así como lo que se tenía preparado para el día 18 de marzo si triunfaba el Sí, acaba de hacerse pública la resolución del juez Malzón Urbina que ordena el regreso de los comerciantes de la Parada y anula las disposiciones que la Municipalidad de Lima ha dictado sobre este tema. A la vista, esta decisión se apoyaba en una situación de cambio de autoridades, pero lo que parece haber estado pasando en estos días es que la mafia de los alimentos ha presionado para que el plan siga, aún con la alcaldesa ratificada en su cargo.
Insólitamente el juez Malzón concluye que el Municipio no tiene autoridad para cambiar el uso del viejo mercado en el corazón de La Victoria y transformarlo en un parque, con lo cual se echa abajo una larga historia de más de 40 años en que las distintas autoridades del Perú hicieron los estudios y las obras destinadas a la nueva localización del comercio al por mayor en Santa Anita. Durante el período de García se desalojó a vendedores informales posesionados de este mercado alternativo, pero ni el gobierno ni el alcalde dieron el siguiente paso que era el del traslado, por obvio temor al poder de las mafias.
Todos sabemos que la reubicación de la Parada era uno de los puntos decisivos para cambiar el rostro de Lima Metropolitana y sobre ello el único que no se ha enterado es el juez Malzón, que en acto de increíble pedantería consigna entre sus decisiones: “que deja expresa constancia que no se aplica la sanción de destitución a la alcaldesa Susana Villarán de la Puente por respeto a la voluntad popular que ha determinado su continuidad en el cargo, sometiéndome desde luego al proceso y o sanción derivada de dicha omisión”. O sea que no la destituye como una gracia hacia los millones de peruanos que votaron No. Y se olvida que dentro de ese voto también está la prosecución de la reforma del comercio y del transporte.
El juez Malzón además ha dirigido sus baterías contra el teniente alcalde Zegarra, el ministro Pedraza y el procurador Salazar de la municipalidad de Lima. A todos estos los ha denunciado y enfrentado en una Conferencia de Prensa anormal en la que ha actuado como si fuera una de las partes en litigio. Uno lo oía y no podía dejar de recordar que durante meses estuvimos bajo la presencia apabullante de Marco Turbio. Ahora como para no extrañarlo tenemos al juez Malzón al que también parece gustarle el protagonismo y las declaraciones audaces y fuera de tono. Su actitud era del que puede deshacer todo lo hecho con sólo bajar el dedo. Y si la ciudad volverá a vivir entre ratas y delincuentes, eso lo tiene sin cuidado.
03.04.13
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Insólitamente el juez Malzón concluye que el Municipio no tiene autoridad para cambiar el uso del viejo mercado en el corazón de La Victoria y transformarlo en un parque, con lo cual se echa abajo una larga historia de más de 40 años en que las distintas autoridades del Perú hicieron los estudios y las obras destinadas a la nueva localización del comercio al por mayor en Santa Anita. Durante el período de García se desalojó a vendedores informales posesionados de este mercado alternativo, pero ni el gobierno ni el alcalde dieron el siguiente paso que era el del traslado, por obvio temor al poder de las mafias.
Todos sabemos que la reubicación de la Parada era uno de los puntos decisivos para cambiar el rostro de Lima Metropolitana y sobre ello el único que no se ha enterado es el juez Malzón, que en acto de increíble pedantería consigna entre sus decisiones: “que deja expresa constancia que no se aplica la sanción de destitución a la alcaldesa Susana Villarán de la Puente por respeto a la voluntad popular que ha determinado su continuidad en el cargo, sometiéndome desde luego al proceso y o sanción derivada de dicha omisión”. O sea que no la destituye como una gracia hacia los millones de peruanos que votaron No. Y se olvida que dentro de ese voto también está la prosecución de la reforma del comercio y del transporte.
El juez Malzón además ha dirigido sus baterías contra el teniente alcalde Zegarra, el ministro Pedraza y el procurador Salazar de la municipalidad de Lima. A todos estos los ha denunciado y enfrentado en una Conferencia de Prensa anormal en la que ha actuado como si fuera una de las partes en litigio. Uno lo oía y no podía dejar de recordar que durante meses estuvimos bajo la presencia apabullante de Marco Turbio. Ahora como para no extrañarlo tenemos al juez Malzón al que también parece gustarle el protagonismo y las declaraciones audaces y fuera de tono. Su actitud era del que puede deshacer todo lo hecho con sólo bajar el dedo. Y si la ciudad volverá a vivir entre ratas y delincuentes, eso lo tiene sin cuidado.
03.04.13
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Author: "Raúl Wiener (noreply@blogger.com)"
Date: Wednesday, 03 Apr 2013 12:26
"Si existe una lección de estos años es que si el pueblo se excluye de los problemas de la política y del Estado, los bandidos pueden siempre volverse a hacerse dueños del poder”
Raúl Wiener
Bandido Fujimori
Doce años hacen desde que cerré mi libro de 540 páginas sobre la historia de una década de régimen fujimorista con estas palabras, y me doy cuenta de que los peruanos nuevamente, en su aplastante mayoría, seguimos excluidos de los problemas de la política, llevados como rebaños a los eventos electorales, en los que disputan elites ajenas al sentimiento del pueblo, de las que se espera usualmente que se acuerden de vez en cuando de los pobres para mejorar en algo su modo de vida marcado por carencias y precariedades, y a las que cada tanto les cuentan el cuento del candidato de abajo, que es igual a ellos, pero que una vez en el poder se somete a los poderosos y se incorpora a la elite dominante.
La “inclusión” de Ollanta Humala le corre como al diablo a la politización. Su idea del poder es la del secretismo, tecnocratismo y del asistencialismo acrecentado con los recursos que debe dejar el incremento de las inversiones extractivas. Ese modelo no guarda diferencias con el de Fujimori o el de Toledo o García, que no sean en el autoritarismo y la extrema corrupción. Pero esa es exactamente la línea que se le quiere hacer cruzar al nacionalista, que diga sí al indulto imponiéndose a cualquier razonabilidad médica y a todo reparo moral, para confirmar su asimilación a la elite política tradicional. Tantos ascos a los políticos que lo han corrompido todo, para terminar titubeando en otorgar un soberano No a la pretensión de poner en libertad al séptimo presidente más corrupto del mundo y el primero de América latina, según informe de Transparencia Internacional.
Lo que Ollanta nunca entendió es que política es movilización (véase Venezuela) y organización social, a todo lo cual renunció para encerrarse en un consejo de ministros de gente que lo que más teme es que les pidan su renuncia y que es casi incapaz de un pensamiento propio. Tal vez en este tema del indulto esté, sin embargo, labrándose la primera gran crisis política del gobierno de Humala después del asunto de Conga y de la ruptura con la izquierda. Algunos ministros ya han explicitado una posición por lo menos en este punto, lo que hace anticipar que lo que se resuelva en el nivel presidencial puede acarrear cambios en el más alto nivel. Ollanta, por ahora, mantiene en silencio su determinación, como si pudiera ser cualquiera. Debe estar midiendo que las opciones tienen en todos los casos costos políticos y eso es lo que ha estado tratando de no encarar desde que comenzó su gobierno.
02.04.13
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Author: "Raúl Wiener (noreply@blogger.com)"
Date: Monday, 01 Apr 2013 10:43
Si en el indulto de Fujimori no cuenta el informe médico porque “no es vinculante”, aunque haya descartado la existencia de enfermedad terminal o muy grave. Y si por añadidura no tiene implicancias morales, como dice Vásquez Kunze, porque responde al real criterio de la presidencia y no a los daños que el beneficiario de la gracia pueda haber causado a la sociedad. Y si, por añadidura, el cardenal Cipriani ha colocado las cosas en el campo de la reconciliación; entonces todo está completamente claro: no estamos ante un asunto humanitario, ni ante los pro y contras de liberar a un condenado de la justicia, sino ante un paso absolutamente político que reconciliaría a Ollanta con sus principales adversarios políticos.
¿En qué quedaría la llamada gesta de Locumba que encendió el corazón de mucha gente hacia el único militar que se levantó contra la podredumbre del Ejército entregado a la dictadura y gangrenado de corrupción?, ¿o la justificación histórica del andahuaylazo, más allá de los errores de conducción de Antauro, como expresión de denuncia a los incumplimientos del presidente Toledo a los compromisos de la transición democrática? Finalmente qué decir a los votantes de la segunda vuelta del 2011, que más que por la hoja de ruta se pronunciaron contra el retorno de los depredadores de la década de los 90. Un reencuentro de fujimoristas y ollantistas alrededor del indulto, significaría la disolución de toda identidad en el actual gobierno luego de sus enormes concesiones en economía y otros temas a la herencia del neoliberalismo.
Parece evidente que el presidente entiende de lo que se trata, pero le es difícil decir que no en medio del bombardeo de interpelaciones y denuncias de los chicos y chicas malas del color naranja que están persiguiendo a sus ministros para poner al régimen a la defensiva. Lo que debe estar pasando por la cabeza de Ollanta es de qué tamaño va a ser la ofensiva después de una denegatoria del indulto. Y es cierto lo que dice Vásquez Kunze de que a cada aumento de la presión por el indulto crece la exigencia opuesta. Esto es obvio por la naturaleza polarizante del asunto, que en realidad no sólo atraviesa la política peruana como se ha comprobado en etapas electorales, sino la historia del país, porque se trata de echar abajo una sanción que era un hito contra la impunidad. No importa si para ello se usa la puerta falsa, porque una vez afuera Fujimori volverá a chillar su inocencia y a burlarse de todos nosotros.
Y sobre moral pública, cabe apuntar que los presidentes no actúan en el vacío por más poderes ilimitados y monárquicos que se les conceda. Cada decisión se paga en política y se graba en la historia.
01.04.13
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¿En qué quedaría la llamada gesta de Locumba que encendió el corazón de mucha gente hacia el único militar que se levantó contra la podredumbre del Ejército entregado a la dictadura y gangrenado de corrupción?, ¿o la justificación histórica del andahuaylazo, más allá de los errores de conducción de Antauro, como expresión de denuncia a los incumplimientos del presidente Toledo a los compromisos de la transición democrática? Finalmente qué decir a los votantes de la segunda vuelta del 2011, que más que por la hoja de ruta se pronunciaron contra el retorno de los depredadores de la década de los 90. Un reencuentro de fujimoristas y ollantistas alrededor del indulto, significaría la disolución de toda identidad en el actual gobierno luego de sus enormes concesiones en economía y otros temas a la herencia del neoliberalismo.
Parece evidente que el presidente entiende de lo que se trata, pero le es difícil decir que no en medio del bombardeo de interpelaciones y denuncias de los chicos y chicas malas del color naranja que están persiguiendo a sus ministros para poner al régimen a la defensiva. Lo que debe estar pasando por la cabeza de Ollanta es de qué tamaño va a ser la ofensiva después de una denegatoria del indulto. Y es cierto lo que dice Vásquez Kunze de que a cada aumento de la presión por el indulto crece la exigencia opuesta. Esto es obvio por la naturaleza polarizante del asunto, que en realidad no sólo atraviesa la política peruana como se ha comprobado en etapas electorales, sino la historia del país, porque se trata de echar abajo una sanción que era un hito contra la impunidad. No importa si para ello se usa la puerta falsa, porque una vez afuera Fujimori volverá a chillar su inocencia y a burlarse de todos nosotros.
Y sobre moral pública, cabe apuntar que los presidentes no actúan en el vacío por más poderes ilimitados y monárquicos que se les conceda. Cada decisión se paga en política y se graba en la historia.
01.04.13
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Author: "Raúl Wiener (noreply@blogger.com)"
Date: Sunday, 31 Mar 2013 09:06
Hace tiempo que de los Fujimori se habla que tienen propiedades e inversiones en distintos puntos del país. Pero como suele suceder en estos casos, las cosas que se saben de oídas quedan en el aire esperando que alguien las pruebe. Hasta que ocurrió que al menor y menos agraciado por la inteligencia de la familia, le encontraron un cargamento de droga en un contenedor dentro de una de las empresas de las que es accionista mayoritario.
Al toque saltaron las preguntas elementales: si a Alexis Humala se le investiga por ser accionista de una empresa de venta de productos médicos que un tipo dice que se les cambiaba la fecha de vencimiento, ¿por qué demoran tanto los señores Lay y Rondón para pasarlo a Kenji por la ética y la fiscalización del Congreso, tomando en cuenta que en su caso no son acusaciones de palabra sino 100 kilos de cocaína muy concretos?
Kenji ha dicho que le sembraron la blanca para perjudicarlo, pero si se mira bien lo que este caso está diciendo es que muchos otros pases han podido haber sin que se sepa hasta que un soplo llevó al descubrimiento. Un dato a considerar es que el negocio de exportar cilindros para freír pollos parece ser escasamente rentable para justificar un gran embarque. Otro más, que el hermano Hiro Fujimori tiene un negocio similar de depósito de aduana en la vecindad del de Kenji.
O sea que aquí entramos a un terreno de investigación que plantea la cuestión del origen del dinero que crea las empresas de la familia. Entonces no es sólo que no sabe lo que exporta, como ha sido su línea de defensa, sino que no explica de dónde sale el dinero en personas a las que nunca nadie vio trabajando. Nunca olvidar que el fujimorismo aproximó al Perú a la condición de narcoestado, lo que incluye la historia de la droga en el avión presidencial y barcos de la armada, así como las aventuras del tío Vlady y sus puntos en el Huallaga. Sin contar las maletas de Hermoza Ríos y otros relatos más.
Así que Kenji y sus hermanos empresarios deberían ser candidatos fijos a una investigación por lavado de activos. Mejor aún, por elemental transparencia los hermanitos Fujimori deberían explicar su fortuna, más allá de la rifas y comilonas que aseguran les pagaron la campaña del 2011. Entretanto el mundo contempla asombrado a estos hijos quejándose de los médicos que dicen que papá Alberto Kenyo no tiene cáncer activo lo que significa que no puede valerse de esta enfermedad para evadir sus responsabilidades penales y eso lo deprime.
Debe ser un caso singular en todo el mundo el del personaje y su familia que claman una enfermedad que los médicos no hallan, para forzar la lástima pública y acorralar al presidente Ollanta.
31.03.13
Author: "Raúl Wiener (noreply@blogger.com)"
Date: Saturday, 30 Mar 2013 10:06
Hasta qué punto se puede ser de ridículo para reclamar por un medio público que la alcaldesa Villarán renuncie a su cargo después de la votación del 17 de marzo porque la mayoría de sus regidores resultaron revocados, como lo hace el despechado comentarista del Sí, Martín Santiváñez Vivanco, para variar en las páginas del diario “Correo” que casi ha logrado la unanimidad entre sus columnistas.
“…Espoleada por los periodistas que reciben grandes sumas del municipio y la sarta de incapaces que casi la conducen al cadalso, la alcaldesa aspira a perdurar”, escribe este genio incomprendido que no se ha dado cuenta que hubo un veredicto claro de las urnas que le dijo NO a la pretensión de forzarla a dejar el cargo.
La mayoría de Lima, cualquiera sea sus razones, ratificó a su alcaldesa y mandó a rodar a Aldo M, Marco Tulio, Castañeda, Santiváñez y otros que se metieron a empujar la revocatoria de todas las autoridades de la ciudad para poder sustituirlas. Teniendo todas las de ganar la derecha extrema desperdició una ventaja que según las encuestas llegó en algún momento a ser del 30%.
Es verdad que Susana ha perdido a gran parte de sus regidores, pero aún no los ha ganado ninguna otra corriente, lo que significa que la lucha continúa para asegurar una alcaldía viable. Lo que está totalmente aplastado es el intento de tomar el municipio por la ventana, y expresión de la rabia que esto produce son el artículo de Santívañez, las pataletas de Mulder, el pedido de vacancia de un orate que litiga a pedido, y las malacrianzas de un juez con nombre de Malzón.
“No existe tal triunfo”, grita Santívañez, y para mostrar su sabiduría añade “una cosa es una campaña electoral financiada de manera exorbitante y otra, muy distinta, el gobierno…” Claro que es muy distinta la campaña del gobierno, como lo es comprar un pasaje y hacer un viaje, pero qué tiene que ver eso con que no haya habido triunfo. Que la campaña haya costado tal o cual dinero, ¿anula el triunfo?, si financiarse también es parte de la lucha política y normalmente a los partidos del Sí, nunca les ha faltado dinero. ¿O será que el señor Benavides que salió a apoyarlos no les quiso dar de la suya y tampoco Alan García sacó dinero de alguna de sus conferencias, y que todo salió del bolsillo de Comunicore?
En fin, se puede discutir sobre los problemas de gestión del municipio que pusieron en riesgo la continuidad del mandato de Susana Villarán, su relación con el pueblo y los problemas de Fuerza Social como partido, lo que no cabe es que los revocadores derrotados en las urnas nos quieran atarantar. El estilo Marco Turbio que descanse en paz.
30.03.13
Author: "Raúl Wiener (noreply@blogger.com)"
Date: Friday, 29 Mar 2013 12:44
Cuando llegó a nuestras manos la información sobre el extraño poder que el gerente de recursos humanos de Petroperú ostenta dentro de la empresa estatal y que parece haberse reforzado con el cambio en la presidencia ejecutiva, lo que hicimos de inmediato y durante varios días fue intentar comunicarnos con el aludido para que hiciera los descargos correspondientes. Pero en vez de él, nos atendió el Jefe de la Unidad de Medios de Comunicación de Petroperú, subordinado del señor Arévalo quién hizo una explicación por escrito del caso que aparece resumida en el texto que publicamos el 24 de marzo. No es que nosotros pusimos al Sr. Beteta como su representante, sino que el fue el que tomó su lugar.
El día de la publicación el mismo Sr. Beteta se comunicó telefónicamente conmigo y pidió hacer nuevas aclaraciones a lo que contesté que tenía abiertas las vías para una carta de rectificación en el diario. Al día siguiente me llamó una persona que se presentó como abogado del Sr. Arévalo proponiéndome un encuentro al día siguiente para conversar sobre mi artículo en la Tiendecita Blanca de Miraflores, cita a la que asistí y en la que permanecí media hora en espera, suponiendo que los que habían hecho la invitación podían identificarme y que si no podían hacerlo usarían mi número telefónico que ellos consiguieron por su propia cuenta. Luego llegaron dos cartas una de Petroperú firmada por el gerente administración (e) y otra directamente por el señor Arévalo que han sido publicadas en la edición del jueves 28 de marzo.
Ahora, si alguien tenía alguna duda sobre lo poderoso que puede ser un gerente de recursos humanos en una empresa pública, la secuencia anterior puede darle una idea de lo que se trata. No es usual que ante una discusión sobre responsabilidades personales se produzca un movimiento corporativo tan fuerte como el que hemos visto en este caso. Más aún que la empresa como tal insinúe que se podría llegar a la denuncia fiscal, como le habría ocurrido a otras personas, por haber calumniado al señor Arévalo, o que se nos ponga un ultimátum de publicación de una carta a la que no estábamos obligados porque nuestro tema no fue Petroperú ni su gerente administrativo, sino el actual doble gerente de recursos humanos y relaciones corporativas que es una persona diferente.
Deuda
Sobre el fondo de la cuestión, sin embargo, ninguna de las comunicaciones niega lo que dice el titular de La Primera de que un gerente de Petroperú debe millones a la SUNAT, y por lo que sabemos que el procedimiento de cobranza ya estaría notificado al demandado. Asimismo es enteramente cierto que Petroperú es quién lo exculpa, como se ve en la manera como la empresa ha respondido a nuestra investigación. Lo que se dice, sin embargo, es que el origen de la deuda tributaria no se correspondería con la singular modalidad de pago que se aplica al señor Arévalo (fuera de planilla), sino a asuntos personales del aludido que se ventilan en el poder judicial.
Anotemos que en este punto nos basamos en cartas de una exfuncionaria de Petroperú que nos fueron entregadas por terceros, y que nos pareció significativa porque forma parte de un pedido de investigación ante la Contraloría,. No habiendo tratado con la autora del texto que lo que hace es pedir un examen de los hechos, le dimos un tratamiento condicional al contenido como se puede apreciar en el artículo. El señor Arévalo y Petroperú bien podrían mostrar la información sobre las retenciones realizadas y aclarar definitivamente el asunto. Porque de que hay una deuda, la hay, y que en esos casos los deudores buscan forma de protegerse de embargos con modalidades especiales de remuneración también es cierto.
Contrataciones
En la nota del 24 de marzo se mencionan los casos de las esposas de dos altos funcionarios ascendidas recientemente tras los cambios en el directorio y las gerencias, que reflejan situaciones de posible favoritismo. Pero el señor Arévalo se defiende argumentando la supuesta rigurosidad de los procesos de contratación. Lo que no se termina de explicar es porque personas relacionadas salen continuamente ganadoras a pesar de tanto “rigor”.
Finalmente, cabe decir que el suscrito y el diario en el que escribo han defendido y defienden la actividad de Petroperú como empresa estatal y apostamos a que pueda lograr recuperar el liderazgo que le fue robado en la época corrupta del fujimorismo. Pero para que este sueño se cumpla se requiere de mucha trasparencia entre los directivos y altos funcionarios de esta gran empresa.
29.03.13
Author: "Raúl Wiener (noreply@blogger.com)"
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